A través de la Resolución 187/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei modificó el Decreto Reglamentario N° 432/1997, que regula el acceso y la permanencia en el sistema de pensiones por invalidez.
El nuevo esquema endurece los requisitos de admisibilidad y da lugar a auditorías más rigurosas que pondrán en la mira a los beneficiarios actuales. En el Anexo 1 de dicha resolución se detallan todas las condiciones que deberán cumplir las personas que deseen conservar su pensión.
Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es garantizar que los recursos del Estado lleguen exclusivamente a quienes verdaderamente cumplen con los criterios legales establecidos.
¿Quiénes podrán seguir cobrando la pensión?
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un instructivo detallado sobre las condiciones excluyentes para los titulares de la PNC por invalidez. Los requisitos son los siguientes:
Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, con respaldo de un Certificado Médico Oficial (CMO).
Tener hasta 65 años de edad.
Ser argentino nativo o naturalizado, con residencia en el país.
En el caso de extranjeros, se exige una residencia continua de al menos 10 años en el país. Si son menores de edad, se requiere que sus padres hayan residido en Argentina por al menos 3 años.
No percibir ninguna otra jubilación ni pensión.
En el caso de menores, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas, lo que actualmente representa aproximadamente 1.200.000 pesos.
La clave del proceso es la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), el cual deberá incluir una descripción detallada de la patología, grado de discapacidad y demás documentación médica respaldatoria. Este certificado debe estar suscripto por un profesional médico de un establecimiento oficial o de ANDIS.
¿Qué pasa si no se presenta la documentación requerida?
En caso de no cumplir con alguno de los puntos exigidos, los titulares de la PNC serán automáticamente dados de baja. Desde ANSES confirmaron que los datos serán actualizados en su base de datos y que el cumplimiento será verificado cruzando información entre organismos.
Para evitar la suspensión de la pensión, ANDIS habilitó un procedimiento digital a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia). Allí, los beneficiarios deberán completar una serie de pasos:
Ingresar al sitio oficial.
Buscar el formulario correspondiente a pensiones por invalidez.
Cargar los datos personales solicitados.
Subir fotografías del DNI, estudios médicos actualizados y constancia del turno médico.
Firmar y presentar una declaración jurada confirmando los datos.
Este trámite es obligatorio y tiene carácter de urgente, ya que los controles ya comenzaron y afectarán a miles de personas en todo el país.
Auditoría nacional: más del 60% de los pensionados suspendidos
La medida no es aislada ni repentina. Desde 2023, durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Agencia Nacional de Discapacidad inició auditorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para detectar irregularidades en la entrega de PNC.
Lo que comenzó como una verificación focalizada, se extendió a todo el país con resultados que el actual Gobierno catalogó como “alarmantes”.
Según los informes oficiales, más del 60% de los pensionados en distintas provincias fueron dados de baja por no cumplir con los criterios establecidos o por presentar documentación médica fraudulenta.
La meta ahora es auditar el 100% del padrón de beneficiarios de PNC. El trabajo se hará en etapas, pero con prioridad en aquellas provincias donde ya se han identificado mayores niveles de irregularidades.
Casos de fraude, negligencia médica y otorgamientos irregulares
Entre las principales causas de baja detectadas por las auditorías, el informe de ANDIS destaca:
Falsificación de certificados médicos.
Diagnósticos erróneos avalados por profesionales.
Personas que recibían la pensión sin tener discapacidad alguna.
Simulación de patologías o presentación de documentación vencida.
Estos hallazgos llevaron al Gobierno a impulsar medidas de control más estrictas y a exigir la renovación inmediata del CMO, además de mantener bases de datos actualizadas y cruzar información entre ANDIS, ANSES, Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Impacto social: preocupación en sectores vulnerables
Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad expresaron su preocupación por la forma en que se están llevando adelante las bajas. Muchas personas aseguran haber sido suspendidas sin previo aviso, lo que genera incertidumbre en grupos especialmente vulnerables.
“La discapacidad no debería ser revisada como si se tratara de una licencia de conducir”, aseguró una trabajadora social de Tucumán en declaraciones radiales. Por su parte, desde ANDIS afirmaron que todas las personas notificadas tuvieron tiempo para presentar los documentos correspondientes, aunque admitieron que algunas oficinas regionales no dieron respuestas a tiempo.
Reacción del Gobierno: “Queremos que la asistencia llegue a quien lo necesita”
En declaraciones públicas, funcionarios del Gobierno de Javier Milei defendieron la medida al asegurar que la asistencia social debe ser eficiente, focalizada y sin clientelismo.
“No se trata de un ajuste, sino de una depuración necesaria para cuidar los recursos del Estado”, expresó en conferencia de prensa la titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
También destacó que quienes presenten la documentación exigida en tiempo y forma no tendrán inconvenientes para continuar recibiendo su pensión.