Minutos después de que el Senado rechazara por abrumadora mayoría el pliego de Manuel García-Mansilla, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla firmó un fallo para prohibirle que rubrique sentencias o resuelva cuestiones administrativas dentro del máximo tribunal. Fue un límite más para un García-Mansilla que camina por la cuerda floja.
Presionado por el Gobierno –que quiere que permanezca en el Palacio de Justicia a toda costa–, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral instaló la versión de que durante el viernes pediría formalmente una opinión a sus colegas para resolver si debe permanecer en el alto tribunal o retirarse. El planteo nunca llegó. En la cima del Poder Judicial argentino reina la incertidumbre como nunca antes –todo por mérito de Javier Milei.
Ramos Padilla ya fue blanco de las críticas de la administración libertaria. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo acusó de tener «connotaciones políticas claras» y dijo que no estaba facultado para dictar una medida cautelar contra un magistrado de la Corte.
Sin querer responder a esos cuestionamientos que vienen directo desde la Casa Rosada, el juez federal de La Plata aún tiene que decidir si el decreto 137 de Javier Milei es constitucional. Distintas organizaciones de la sociedad civil y Elisa «Lilita» Carrió le pidieron que declare su invalidez.